UN FANTASMA RECORRE EL ECUADOR
Publicado en
junio 01, 2014
Correspondiente a la edición de Mayo de 1995
Por Jorge Enrique Adoum.
El fantasma de la política. (Recorría, más bien: fue desplazado, temporalmente, por el fantasma de la guerra.) Habíamos aprendido, y el diccionario nos recuerda, que política es: "Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados"; además: "Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos", y también: "Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo". Pero el ecuatoriano común, debido a la conmovedora mediocridad y a la inopia moral de ciertos políticos e instigado contra ellos —trátese de dirigentes o de partidos— por el propio gobierno, cree desentenderse de la política, cuando en realidad no puede escapar a ella, está atrapado en ella por el solo hecho de vivir en sociedad —lo que hizo decir a Aristóteles que "el hombre es un animal político", y la practica todos los días, incluso, y sobre todo, en el momento de manifestar su decepción.
Fue paradójico que el gobierno (expresión máxima de la política) hubiera promovido el año pasado una campaña (política) de desprestigio del Congreso (organismo político), de los partidos (políticos) que lo integran, de las Cortes de Justicia (ésta es política: las leyes son promulgadas y los magistrados son nombrados por ese organismo), con el fin de reformar la Constitución Política mediante una consulta popular (recurso político). Un Ministro de Gobierno (de la Política) reprochó a los diputados haber actuado "con criterio político" al rechazar un proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso. Igual actitud adoptaron otros funcionarios, en idénticas circunstancias, al tratarse de la proforma del presupuesto general del Estado. La maniobra pretende establecer una falacia como axioma: todo cuanto hace el gobierno es en beneficio del pueblo; por tanto, quienes lo apoyan actúan movidos por razones "patrióticas", mientras que todo cuanto se le opone es una "maniobra política", es decir nociva para la colectividad.
Y el pueblo ¿se lo cree? El "gobierno de los empresarios" elaboró e hizo aprobar una Ley de Desarrollo Agrario que afectaba a millones de indígenas, en aquellos aspectos de su supervivencia que les son vitales: la tierra y el agua. Los amenazados realizaron una marcha a Quito, pidieron y obtuvieron que se declarara inconstitucional la Ley y lograron la aceptación de algunas enmiendas. Pero, evidentemente, la primera declaración oficial fue en el sentido de que estaban "manipulados políticamente". ¿Manipulados? No: participaban en la política del país, con clara conciencia de hacerlo —para ellos el país es la tierra y lo demostraron en la defensa del territorio que hicieron a comienzos de año—, sin necesidad de que nadie ejerciera sobre ellos "maniobra o manejo destinado a engañar", que eso es una manipulación.
Los maestros y empleados del Ministerio de Educación declararon un paro (acto político) por reivindicaciones económicas (en oposición a la política salarial del gobierno), por la reincorporación de sus compañeros destituidos (en aplicación de una política represiva del gobierno) y por que se archivara el proyecto de Ley de Enseñanza Religiosa. Para las autoridades se trataba de un paro "político" (¿y qué querían? ¿un paro educativo?), ergo ilegal y "perjudicial para los niños y el país entero". Pero otra ley, la del embudo, se aplicó en ese caso: proponer y aprobar la de educación religiosa fue también "un acto político", más ilegal que el paro por inconstitucional y más perjudicial, por discriminatorio, para los niños y, porque atenta contra la paz, para el país entero.
Un organismo de turbia conformación y financiación, "haciéndose eco de la opinión popular", embistió, a pedido del gobierno, contra el Congreso, las Cortes, los partidos y sus dirigentes, amparándose, nada menos, que en la libertad de expresión (derecho político) que consagra la Constitución, que es política y fue aprobada con su voto. Y si hubiera debido recurrir a un tribunal se habría encontrado con que la ley es una decisión política y que la sentencia que dicta es un acto político, porque la administración de justicia es un asunto público.
El Ministro de Gobierno que prohibió a los padres de los hermanos Restrepo y a quienes los acompañaban cada miércoles su acceso a la Plaza de la Independencia de Quito, los acusó de "actuar con móviles políticos". Tenía razón: exigir que se sancione a los culpables de un crimen político —sobre todo si, como parece, se trata de elementos de las fuerzas del orden (políticas, pese a cualquier declaración lírica, puesto que dependen, desde su formación y su paga hasta su intervención en favor o en contra de los civiles, sea del Ministerio de Gobierno y Policía, sea del Ministerio de Defensa)— y reclamar el respeto del más elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida, es, en el mundo entero, la más noble e irrenunciable tarea política que se opone a la política de violencia y represión: Y no cabe siquiera hablar de las manifestaciones voluntariamente políticas —contra el costo de la vida, contra el pago de la deuda externa, contra el salteamiento del país y en defensa del derecho a la educación laica— que suelen realizar los estudiantes de colegios y universidades.
Los trabajadores de todas las empresas que han sido o van a ser entregadas (AZTRA, Ecuatoriana de Aviación, Correos, cementos, IESS, EMETEL, INECEL, aduanas, Puerto de Guayaquil, refinerías del Litoral...) —o sea el país entero— a empresarios privados, llamaron al paro, pidieron la solidaridad de sus compañeros, apelaron a la opinión pública. Eran, claro está, actos políticos contra cuestiones concretas, y no principios vagos, que de tal política se desprenden: la restricción del empleo y su magro salario, el desempleo y la miseria, el subempleo y las limitadas oportunidades de quienes lo padecen, el abandono de la agricultura y su secuela de mendicidad y delincuencia en las ciudades.
No hay, pues, movimiento alguno de reclamación, defensa o protesta que no se hubiera calificado oficialmente de "político", con razón, pero con la intención de desprestigiarlo. Para el Secretario General de la Administración el paro de una provincia entera no tenía "asidero válido" puesto que era un paro político. Con semejante razonamiento, cabía preguntarse qué validez tenían él y su cargo, e incluso el presidente y el suyo, si son eminentemente políticos. (Me parece útil recordar, a este respecto, la expresión "escupir al cielo": ¿sobre quiénes va a caer el escupitajo contra lo político si quienes escupen son los responsables del manejo de los asuntos públicos?).
Pero el ciudadano común cae buenamente en la trampa y acusa, él también, de todo, a la política, creyéndose ajeno a ella, sin darse cuenta de que interviene en los asuntos públicos con su opinión. No repara en que la educación que escoge para sus hijos depende de una política educativa, ni en que el arriendo que acepta pagar por su casa o su departamento así como los precios de su canasta familiar son consecuencia de una política económica. Igual pasa con el precio de la gasolina y las tarifas de avión, autobús y taxi, y con el de todos los artículos importados, y la factura de las librerías, y la cuenta de los restaurantes, y el total de compras en los supermercados, y la habitación de un hotel o de un hospital, y los intereses de los bancos, por no hablar de los impuestos.
(La repercusión final de la política en el costo de la vida, por esa "explosión en cadena" que tiene en los precios, me la enseñó, más rápida y claramente que mi profesor de economía política de la Universidad, un limpiabotas de la avenida Amazonas, de Quito. Al sorprenderme el aumento que pedía me dijo que el presidente Febres Cordero iba a ayudar a las universidades y para ello incrementaba el precio de los cigarrillos y bebidas. Aunque quedaba claro que quienes las ayudaríamos íbamos a ser nosotros, los consumidores, y no el presidente de la República, le pregunté qué tenía que ver el costo de los cigarrillos con el de la lustrada de zapatos. "Tiene que ver, me dijo, es que yo fumo").
Esa acometida general é irreflexiva contra la "cosa política" ha experimentado una tregua de dudosa duración. El país entero, representado por organismos y dirigentes políticos, adoptó una actitud política de respaldo a la política del gobierno. Aplaudió la conducción política y diplomática del problema limítrofe ante otros gobiernos, así como la política informativa, y acató la imposición de medidas político-económicas exigidas por la coyuntura político-militar, a la vez que rechazaba otras cuya adopción apresurada olía a oportunismo del gobierno. Pero, cuando el lector tenga esta palabrería ante sus ojos y se hayan dejado de cantar ya mambos y otras tonadas al presidente, ¿se mantendrá aún la famosa unidad política del pueblo ecuatoriano o, con una campaña electoral en marcha, habrán vuelto los "todólogos" a arremeter, en nombre del gobierno, del pueblo y de la patria, contra lo político, la política y los políticos?