¿DEMASIADO GOBIERNO EN SUECIA?
Publicado en
mayo 27, 2024
ESTOCOLMO-SUECIA
Este país proporciona asistencia social desde la cuna a la tumba, con prestaciones excesivamente generosas. Pero los impuestos son astronómicos y cunden los síntomas de descontento popular.
Por Irwin Ross.
LAS ELECCIONES celebradas en Suecia el 16 de septiembre de 1973 fueron tan reñidas que el país hubo de esperar tres días a que se contaran los 50.000 votos enviados por correo para conocer el extraordinario resultado: un empate. El gobierno socialdemócrata y los comunistas que lo apoyan obtuvieron 175 asientos en el nuevo Riksdag (Parlamento), y la oposición ganó los otros 175. Para los socialdemócratas, que habían estado en el poder 41 años, el empate significó una aplastante derrota.
La raíz de este acontecimiento es una irónica historia de desencanto en el Estado que llevó la asistencia pública y la seguridad social a un grado tal que lo convirtió en modelo para el mundo. Durante años el "camino de en medio" de Suecia, diseñado y puesto en marcha por los socialdemócratas, se consideró el ejemplo óptimo del funcionamiento de una sociedad industrial moderna. En pocas palabras esto significa una economía dirigida por un gobierno fuerte en concierto con una empresa privada emprendedora y un bien desarrollado cooperativismo, y el consenso general para lograr que haya trabajo para todos, un crecimiento económico elevado y abundantes medidas de bienestar social. El sistema de seguridad sueco, que ampara al ciudadano desde que nace hasta que muere, llegó a ser objeto de envidia, y los suecos gozaban del nivel de vida más alto, amén de los mejores salarios de Europa. Sin embargo, y paradójicamente, el viajero que va a Suecia presencia allí uno de los más estentóreos clamores contra la inflación, el papeleo burocrático excesivo y la magnitud de los impuestos.
Superabundancia de prestaciones sociales. Suecia es el país más extenso y rico de Escandinavia, con el más avanzado sistema de asistencia pública. No hay barrios bajos ni miseria abyecta. Mediante contratos colectivos centralizados se ha conseguido minimizar los conflictos entre patronos y trabajadores. Ambos sectores tratan siempre de conservar los aumentos en los salarios en un, nivel que no impida a los precios de los productos de exportación competir con los de otros países. Los socialdemócratas, aunque de tendencias socialistas, desde hace mucho tiempo han seguido una política marcadamente pragmática en sus tratos con las empresas comerciales para lograr el máximo desarrollo económico. Sólo un seis por ciento de la industria pertenece al Estado, volumen mucho menor que el de las empresas estatales de Inglaterra o de Francia.
Durante años Suecia ha gozado de un producto nacional bruto por habitante sólo superado por los Estados Unidos (5090 dólares en 1972, contra 5643 en Norteamérica). Sus 8.145.000 habitantes poseen más automóviles (302 por cada mil) y más televisores (332 por mil) que cualquier otra nación europea. Además se enorgullecen de poseer 500.000 casas de verano e igual número de lanchas de recreo.
El alcance del sistema sueco de seguridad social es admirable. Al nacer un niño, la madre, si no tiene empleo, recibe un subsidio de 5,15 dólares diarios durante 180 días.* Si está empleada, cobra el 90 por ciento de su sueldo durante seis meses de incapacidad. Por cada hijo menor de 16 años los padres pueden descontar impuestos por valor de 309 dólares anuales. También se proporcionan subsidios de vivienda según el número de hijos y el ingreso familiar. La educación universitaria es gratuita y los estudiantes pueden obtener becas y préstamos para sostenerse. En caso de enfermedad, todos los trabajadores mayores de 16 años reciben las mismas prestaciones que en el caso de la maternidad. Por otra parte, los servicios de hospitalización son enteramente gratuitos.
El sistema de pensiones también es excesivamente generoso; consiste en una pensión básica de unos 1600 dólares anuales, y asimismo en un programa de pensión suplementaria que proporciona a la mayoría de los suecos el 60 por ciento del salario anual medio devengado durante los 15 años más productivos del jubilado. Por último, todos tienen asegurado un nivel de vida mínimo, llamado "salario social". Si los ingresos de un ciudadano son inferiores a ese nivel, el municipio le paga la diferencia.
Inconvenientes del Edén. Resulta inevitable que esta generosa asistencia pública configure una sociedad regida por un cúmulo de normas que llegan a causar en el pueblo la impresión de vivir en un mundo kafkiano. Muchos suecos piensan que los planificadores gubernamentales son demasiado impersonales o están demasiado alejados del ciudadano, o ven las necesidades humanas con una perspectiva sobradamente teórica y rígida. Un ejemplo: los municipios y las cooperativas construyen la mayoría de las viviendas nuevas, cuyas dos terceras partes consisten en altos edificios. Estos complejos de habitaciones, de cemento, enormes y eficientes, se alzan diseminados por las zonas rurales, pero las encuestas demuestran que la gran mayoría de los suecos anhelan vivir en casas con jardín para una sola familia. "Los edificios de apartamentos son tan impersonales", me dijo una joven madre, "que es difícil llegar a conocer a los vecinos; casi todos permanecen encerrados en sus jaulas".
Pero el verdadero problema del sistema social de Suecia no es la burocracia con sus absurdos requisitos, sino su enorme costo. Los impuestos son elevadísimos; incluyendo las cuotas del seguro social, ascendieron a cerca del 40 por ciento del producto nacional bruto entre 1965 y 1971. Este porcentaje en materia impositiva es el más cuantioso de Europa, y casi la mitad mayor que el de Estados Unidos.
En efecto, pasma todo lo que tienen que pagar los suecos. Los impuestos directos, por los cuales el contribuyente hace una sola declaración individual de pago, incluyen un impuesto a la renta rígidamente progresivo, que va a parar al erario nacional; otro que en promedio alcanza a un 24 por ciento, pagadero al municipio, y las cuotas del seguro social. El mayor tributo indirecto es el que grava el valor agregado de todos los servicios y mercancías, incluso los alimentos, a razón del 17,65 por ciento. Además hay otros pesados gravámenes sobre la gasolina, el alcohol y el tabaco. El año pasado una persona soltera con un ingreso de 6185 dólares anuales pagaba el 51 por ciento de impuestos, entre directos e indirectos. Para quien recibía 15.460, el total alcanzaba al 63 por ciento.
Aun más penosos, que las contribuciones individuales directas son los impuestos diferenciales (que pagan los contribuyentes al pasar a la categoría superior). Unidos a la creciente inflación, son un obstáculo para que el ciudadano eleve su nivel de vida. El contribuyente con ingresos entre 7200 y 10.300 dólares anuales entra en la clasificación impositiva del 62,4 por ciento, de manera que, suponiendo que el año pasado haya ingresado en esta categoría por haber obtenido un aumento de sueldo del diez por ciento, casi dos tercios de ese incremento fueron para el gobierno. Y el remanente no compensa el índice de inflación, que en 1973 fue del siete por ciento.
Por si esto fuera poco, los impuestos diferenciales no reflejan siempre todo lo que hay que pagar, pues un incremento de ingresos acaso redunde en una reducción del subsidio para la vivienda, con lo cual la sobretasa resulta realmente mayor de las que fijan las tablas respectivas. Así, un contribuyente del grupo del 62,4 por ciento acaso tenga que pagar marginal y efectivamente más del 93 por ciento en tributos.
Rebelión entre abundancia. ¿Qué hace la gente para soportar una carga tan pesada? Por una parte, los suecos reciben muchos beneficios a cambio de sus contribuciones: subsidios de alojamiento, por los hijos menores de edad, para enfermedades y maternidad. Pero es inevitable que tal situación genere descontento. Por ejemplo: a principios de 1972 seis mil amas de casa hicieron una manifestación pública ante el Riksdag de Estocolmo para protestar por la carestía de los artículos de primera necesidad, y luego boicotearon la leche y la carne (el solomillo de vaca valía más de nueve dólares el kilo). Tales protestas públicas son sumamente raras en un país ordenado y conformista.
Un año antes los dos sindicatos de profesionales y oficinistas declararon una huelga que respaldaron 12.000 empleados públicos, entre ellos 600 jefes de ferrocarriles; todos trataban de obtener aumentos del 18 al 22 por ciento. Durante años el salario real de sus afiliados había sufrido merma, mientras el de los obreros aumentaba. Los trenes se detuvieron; los tribunales y los centros de asistencia pública estaban abarrotados. Pero el gobierno, en vez de ceder, cesó a 25.000 maestros y a otros empleados públicos, para. ejercer presión económica sobre los sindicatos, que debieron pagar subsidios especiales de paro. A la postre los huelguistas reanudaron las labores sin haber obtenido más ventajas que un modesto aumento, lo cual constituyó una lamentable derrota para los sindicatos de oficinistas y empleados al servicio del Estado.
Lo irónico del caso es que actualmente existe la misma agitación entre los obreros, ocasionada por los elevados impuestos diferenciales, pues la inflación ha elevado sus salarios de tal modo que muchos obreros semiespecializados tienen que pagar gravámenes hasta del 48 por ciento de sus ingresos globales. Los especialistas caen frecuentemente en la clasificación que les retiene el 62,4 por ciento de sus ganancias. En 1973, por primera vez, los sindicatos de obreros comenzaron a hacerse eco de las quejas de los profesionales sobre la pérdida de valor del salario real.
Las consecuencias sociales han sido descorazonadoras, porque las elevadas gabelas diferenciales quitan incentivos ál trabajo. Los obreros se niegan a trabajar horas extraordinarias. En 1972 las ausencias en labores llegaron al 11,4 por ciento, mientras diez años antes eran del 8,5 por ciento; las disposiciones del seguro de enfermedad han sido tan generosas que los trabajadores preferían permanecer en casa. Y la evasión fiscal va en aumento.
"Si llamo a alguien para que me arregle la lancha de motor o la chimenea, lo primero que desea saber el obrero es si tendrá que pagar impuestos", me confió un profesional. Otro de mis conocidos deseaba tapizar un sofá y varias sillas; cuando halló un tapicero, le pagó al contado, sin recibo, lo que significaba que él no pagaría el 17,65 por ciento del impuesto adicional, y que el tapicero tampoco declararía este ingreso.
Los límites del poder. Resulta irónico comprobar que, mientras cunden las quejas contra los gravámenes, ningún partido político propone disminuir los programas de asistencia pública, que consumen más del 20 por ciento del producto nacional bruto y aproximadamente la mitad de las recaudaciones. Pero en las últimas elecciones el problema del impuesto diferencial dio motivo a enconados debates, y actualmente estudia el asunto una comisión gubernamental. Una solución obvia sería transferir buena parte de la carga impositiva a las contribuciones indirectas, o a los impuestos retenidos al pagar los sueldos. Tendría el efecto de disfrazar este gravamen y no quitaría tantos incentivos al trabajador. Pero, claro está, tal medida haría subir los precios.
No obstante el desencanto popular y los reveses electorales, el primer ministro Olof Palme, hombre de 47 años, vivaracho, simpático y con agudo ingenio, todavía logra irradiar confianza. Ve nuevos y vastos horizontes para imponer reformas. No se trataría de nuevos y ambiciosos programas de asistencia social, afirma, pues esta meta ya se ha conseguido. Sitúa la nueva tarea en lo que él llama "democracia industrial", lema que alude a la representación obrera en los consejos de administración de las empresas, mayor estabilidad y "enriquecimiento del trabajo", es decir, que éste sea menos tedioso si se deja a los obreros tomar la iniciativa en las fábricas. Pero los partidos de la oposición también preconizan la democracia industrial, y una encuesta pre-electoral demostró que la mayoría de los electores son indiferentes. Por tanto, las perspectivas políticas inmediatas parecen adversas para los socialdemócratas.
Cualesquiera que sean los próximos resultados electorales en Suecia, hay una lección de resonancia universal en la elección del "camino de en medio". Hace años representaba un compromiso entre los rigores de una planificación cabalmente socialista y el capitalismo implacable, inhumano e inmodificado. Los suecos han construido un Estado modelo de asistencia pública y seguridad social, pero al hacerlo han engendrado tensiones y descontentos imprevistos. Elevaron los impuestos a tal grado que el pueblo resiente profundamente la disminución del salario real, lo cual menoscaba los alicientes para el trabajo. Ofrecen una seguridad que abarca de la cuna a la tumba, pero a costa de una abrumadora reglamentación y de un poder burocrático excesivo. Y recientemente han sido incapaces de evitar el penoso aumento del desempleo y de la inflación.
El malestar que se palpa en Suecia sugiere que hay un límite para las ambiciones de planificación social, y ciertamente otro para la carga impositiva de los pueblos. La enseñanza que de ello se deriva no aconseja suprimir los programas de asistencia pública, sino dirigir su ampliación sin perder de vista los posibles efectos secundarios indeseables y la magnitud de su costo.
*Todas las conversiones de las cifras mencionadas se basan en el tipo de cambio de 4,85 coronas suecas por un dólar estadounidense.